Miles de personas sordas, así como profesionales de la red asociativa de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), podrían verse gravemente afectados si desapareciese el modelo de gestión del 0,7 % del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de interés social, un mecanismo que se encarga de la redistribución social de parte de los ingresos fiscales elegidos por la propia ciudadanía.
En la actualidad, la entidad desarrolla cuatro programas financiados por esta vía, que están dirigidos a la población sorda más vulnerable: familias con hijas e hijos sordos, mujeres sordas, personas mayores sordas y personas sordas desempleadas, con especial atención a los más jóvenes. Actuaciones que en 2015 han registrado más de 92.000 beneficiarios, y que desempeñan un total de 55 profesionales, en su mayoría sordos, y 192 voluntarios.
Para la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, estos resultados “evidencian la necesidad de mantener un modelo vital a la hora de construir un presente y un futuro para muchas personas en riesgo de exclusión social”. En este sentido, la CNSE se suma al resto de entidades del sector de la discapacidad, encabezadas por el CERMI, en todas aquellas acciones e iniciativas que garanticen la continuidad de los 1.236 programas de acción social que gracias al actual modelo de gestión del IRPF, contribuyen a generar oportunidades.